Sistema de acceso a la información pública

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Derecho de Acceso a la Información Pública

(Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008)

La ley N.º 18.381 reconoce el derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, de acceder a la información pública. Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público.

Los solicitantes de información al amparo de este régimen legal no tienen necesidad de justificar las razones de su solicitud. Por lo tanto, no se exige la titularidad de una legitimación determinada para efectuar la solicitud.

El objeto de esta ley es promover la transparencia en el ejercicio de la función administrativa y garantizar el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República y los valores que animan el sistema democrático republicano de gobierno. El suministro de las informaciones requeridas forma parte del deber de probidad que tienen los funcionarios públicos, establecido en los artículos 20 y 22 (numeral 1) de la ley N.º 17.060 de 23 de diciembre de 1998.

De conformidad con el artículo 4º de la ley N.º 18.381, se presume pública toda la información producida, obtenida, en poder o bajo el control del Banco Hipotecario del Uruguay, con independencia del soporte (papel, digital, etc.) en el que están contenidas. Para que el acceso al derecho a la información pública se pueda ejercer en su plenitud, la ley impone que la administraciones públicas tiene la responsabilidad de crear y mantener registros para favorecer el conocimiento de la misma. No obstante, la solicitud de acceso a la información no implica que estas administraciones tengan la obligación de crear o producir información de la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos obligados a que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producirlas.

No obstante la amplitud reconocida al derecho al acceso a la información pública, la ley preceptúa excepciones (de interpretación estricta) para las informaciones definidas como secretas, reservadas o confidenciales. Se entiende por información secreta la que ha sido calificada de esa manera por normas legales. Es el ejemplo del secreto tributario, o de la sustanciación de los sumarios y las investigaciones administrativas. Los artículos 9º y 10º de la ley N.º 18.381 establecen asimismo qué clases de informaciones pueden clasificarse como reservadas o confidenciales. Partiendo de esas disposiciones, debe ponderarse en cada caso cuáles son las informaciones que ingresan dentro de las previsiones legales al respecto. Así, por proporcionar un ejemplo, debe considerarse confidencial la información referente a los datos personales de terceros, que requieren el previo consentimiento informado de estos.

La solicitud de acceso a información pública debe efectuarse en la forma establecida en el artículo 13 de la ley.

Responsable de Transparencia activa

Alejandro Espina

Teléfono: 1911 2283

Responsable de Transparencia pasiva

Dr. Carlos Mautone

Teléfono: 1911 2425

Formulario de solicitud de información pública

FO.ATC.05 - Solicitud de acceso a la información al amparo de la ley 18.381